La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la forma en que Internet es un espacio para el ejercicio de los derechos humanos. Muchas de las actividades y servicios que tradicionalmente se desarrollaban de forma presencial pasaron a la virtualidad. No obstante, la pandemia y las medidas de mitigación o respuesta a esta, tanto a nivel tecnológico como de políticas y regulatorios han acarreado riesgos para el ejercicio de tales derechos.
En medio de la virtualidad, la falta de acceso a Internet en diversas partes del país se convierte en un obstáculo para acceder a servicios y derechos. Además, se vuelve un factor para incrementar brechas educativas, de acceso al trabajo, a la justicia, entre otros.
Sumado a esto, se encuentran medidas gubernamentales que apuntan a la recolección de información de la ciudadanía, especialmente bajo el argumento de que es importante para mitigar la pandemia, pero sin demostrar efectividad, proporcionalidad o garantías.
Igualmente, las precariedades que se exacerban y se suman a descontentos sociales que ya existían llevan a la realización de protestas o a la difusión de mensajes en el marco de dichas movilizaciones. La difusión y acceso a la información se ve truncada en algunos momentos a raíz de la aplicación de normas de comunidad de las redes sociales, muchas veces no comprendidas por las personas usuarias pero también implementadas de forma genérica.
La protección de los derechos humanos en entornos digitales debe estar cubierta por las mismas protecciones que en el mundo análogo, además de tener en cuenta las particularidades de cada plataforma. En el marco de la pandemia de Covid-19, la excepcionalidad ha sido usada como excusa de algunos gobiernos para establecer medidas regresivas en la protección de derechos. No obstante, los Estados están en la obligación de mantener las garantías de derechos en estados de emergencia.