Fecha
13 de abril de 2020
Resumen
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Corte Constitucional suscribieron un memorando de entendimiento con el objetivo de mejorar el servicio de justicia y la labor consultiva, por medio del fortalecimiento de las políticas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana, integridad y atención a la ciudadanía.
Descripción
El DAFP hará recomendaciones a la Corte Constitucional, tanto misionales como estratégicas, con el propósito de mejorar la eficiencia, la transparencia y el acercamiento con los ciudadanos, así:
- Formulación de recomendaciones de ajuste a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo orientados a mejorar la eficiencia y transparencia de la Corte, teniendo en cuenta el estado actual del proceso que se ha adelantado.
- Acompañamiento en la identificación de mejoras en el modelo de operación de las unidades estratégicas.
- Apoyo en la construcción e implementación de su Plan de Acción Institucional conforme a los estándares organizacionales de planeación estratégica en el periodo 2020 -2021.
- Asistencia en la implementación de acciones para dar cumplimiento a la normativa vigente de transparencia y del derecho al acceso a la información pública durante el periodo 2020 - 2021.
- Acompañamiento en la implementación de su política de rendición de cuentas y de nuevas prácticas de participación ciudadana e integridad.
- Apoyo en el desarrollo e implementación de la gestión del conocimiento y la innovación.
Análisis
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP-
Este Memorando de entendimiento busca fomentar mayor transparencia en la función pública. Para ello, las dos entidades hacen un compromiso para mejorar la eficiencia, transparencia y acercamiento con la ciudadanía. No obstante, esta descripción general deja algunos vacíos para su interpretación y análisis.
En este sentido, el memorando se refiere constantemente a asuntos como la innovación o prácticas de racionalización de trámites, sin definir si busca reducir la cantidad de trámites o si ello significa el uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Tampoco indica qué impacto tiene esta racionalización en el acceso a la información. Esta ambigüedad afecta los estándares definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia colombiana en cuanto a publicidad de la información que precisamente se busca proteger en Colombia a través de la Ley de Transparencia.
En aras de satisfacer la transparencia como el propio núcleo y objetivo de este programa, las herramientas y metodologías que se implementen deben velar por cumplir con los principios mínimos de la Ley de Transparencia, en particular los principios de facilitación, máxima publicidad, de no discriminación y de gratuidad.
Actualizaciones
Sin actualizaciones